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Venezuela es un país petrolero, el venezolano común lo sabe pero
en muchos casos desconoce las repercusiones que tiene esa definición.
La riqueza en divisas que produce la venta de petróleo llega a las
arcas del Banco Central de Venezuela y luego es transformada en
bolívares para que el Estado gaste esos bolívares en cumplimiento de
sus obligaciones con los habitantes del país, ya sea mediante el
empuje al desarrollo económico o mediante la atención de necesidades
sociales. Sin embargo, parte de esa riqueza, en lugar de aplicarse
al bienestar de los ciudadanos, debe ser empleada por el gobierno
actual en el pago de la cuantiosa y onerosa deuda externa contraída
por los partidos que actualmente le hacen oposición. Con la
llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999, se
esperaba un cambio en la inercia económica acentuada desde 1984.
Esta inercia consistía en dejar que el precio del petróleo, única
fuente de riqueza externa en una Venezuela no desarrollada,
fluctuara al capricho de la mano invisible venerada por el
liberalismo, para luego paliar los problemas consecuentes con más
endeudamiento externo y con asistencia del Fondo Monetario
Internacional. Al principio, el cambio se concentró en la búsqueda
de mejores precios del petróleo, lo cual se logró con el reencuentro
de Venezuela con sus socios de la OPEP, organización con la cual se
mantenía una relación nada productiva hasta 1998. No obstante, la
mejora en los ingresos petroleros quedó retenida, en su mayor
proporción, en las arcas de la empresa estatal petrolera (PDVSA) y
no fluyó hacia el desarrollo económico interno o hacia la
satisfacción de la deuda social. Es a partir de la toma de control
de la empresa PDVSA, en el 2003, como resultado de la fracasada
huelga petrolera de sus gerentes, que el gobierno empieza a influir
con fortaleza en las decisiones sobre la utilización de los recursos
del petróleo.
Mientras tanto, la oposición política, liderada por los
sobrevivientes jefes de los partidos políticos del viejo régimen que
administró a Venezuela hasta el 1998, en asociación con los dueños
de medios de comunicación y con empresarios con influencia en
Washington logró con el apoyo en la calle de la mayor porción de la
clase media y sectores minoritarios de obreros formar un bloque
llamado Coordinadora Democrática, cuyo único objetivo es salir de
Chávez a como dé lugar, incluyendo el expediente del golpe de estado.
Una campaña de 24 horas de la casi totalidad de los medios radiales,
televisivos y periodísticos, se ha desatado desde las elecciones de
1998 contra lo que se identificaba como el probable y ahora como el
vigente “régimen tiránico de Hugo Chávez”. El objetivo mediático ha
sido, durante más de 5 años, presentar a Hugo Chávez como el
representante de todos los males que aquejan al país y culpable de
toda la pobreza (que llegaba a un 80% antes que fuera electo
Presidente). Sin haberse modificado esas condiciones de ventajismo
comunicacional avasallante, típica del totalitarismo mediático
imperante en Venezuela, el supuesto tirano fue a un referéndum.
Mientras Hugo Chávez continúa manteniendo que su programa
político está contenido en la Constitución, los lideres de la
oposición venezolana no han sido capaces de presentar un programa
alternativo, digerible por un país con un 80% de pobreza; y por el
contrario, sus repetitivos planteamientos giran sobre la necesidad
de privatizar o desnacionalizar a PDVSA para que supuestamente sus
nuevos dueños produzcan riqueza que gotearía en beneficio de los
habitantes del país, siendo esta la única fórmula para que, según
ellos, pasemos de ser un país rentista a ser un país productivo;
adicionalmente proponen privatizar la salud y la educación y
flexibilizar las relaciones laborales como condición para
supuestamente facilitar el empleo; además de profundizar la
descentralización del poder político para reducir el poder central
omnipotente. Sin embargo, tales propuestas han sido percibidas por
la mayoría de los venezolanos como muy parecidas a las recetas del
FMI, de ingrata recordación para los que vivimos las masacres de
1989 en Caracas, originadas por la aplicación de tales recetas.
El impacto negativo de las propuestas se ha hecho del
conocimiento de la gran masa de pobres del país, alertándolos sobre
las consecuencias de privatizar a PDVSA. Ha sido demostrado que se
pretende debilitar al Estado y suspender las llamadas “Misiones” en
las áreas de alimentación, salud, educación y empleo para que
después cada venezolano pobre se las arregle como pueda, bajo el
imperio de una economía que obedezca exclusivamente a las leyes del
mercado. Si observamos que, la reinversión de beneficios, que
garantiza el crecimiento de las empresas y es la fuente del
desarrollo en un sistema capitalista, se ha efectuado raquíticamente
en Venezuela, a pesar de las protecciones arancelarias y de los
créditos del Estado a los empresarios y, por el contrario, la
apropiación directa e indirecta de las divisas petroleras ha sido la
vía para invertir en inmuebles y acciones en el exterior, era
ingenuo pensar que después de ganar el referéndum del 15 de agosto
de 2004, quienes hasta hace poco manejaban el país a su antojo,
sufrieran un cambio en su mentalidad depredadora.
Por tanto, el verdadero referéndum del 15 de agosto fue una
victoria del NO, porque la mayoría de la población no desea que se
le quite al Estado la facultad de impulsar el desarrollo nacional,
olvidado por el sector privado y, de distribuir parte de esa riqueza
atendiendo a un concepto de justicia social del cual hacen burla los
llamados intelectuales de la oposición. Cuando el 15 de agosto
pasado, la dirigencia de la oposición quedó estupefacta al darse
cuenta, como después de 5 años de gobierno la mayoría de los
venezolanos es más chavista que nunca, quedó claro que no entienden
que esa mayoría de pobres y la porción de clase media y empresarial
que la acompaña han entendido que Venezuela vive del petróleo, que
esa es única garantía de que el país deje de ser un país atrasado,
bajo el impulso del Estado. No se trata de comunizar a Venezuela,
sino de completar una tarea siempre diferida de cumplimiento de una
obligación con los más desposeídos, sin que ello involucre perseguir
a los que con su esfuerzo han sembrado el país de industrias y
servicios, pero si oponerse a los retrógrados de siempre. Para
martirio de la oposición Hugo Chávez ha sabido recoger las banderas
que una vez estuvieron en manos de la oposición pero que fueron
abandonadas por ellos, cuando ejercieron el poder en medio de la
corrupción y el entreguismo. Para decidir su voto en el referéndum,
la mayoría comprendió que se trataba de una cuestión de análisis
utilitario, al comparar los sueños neoliberales, con la realidad
actual donde, por fin, se empezó a dar atención a sus necesidades
esenciales, porque el petróleo ahora si se percibe como un
instrumento para la transformación del país y para la reducción de
las desigualdades sociales.
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